Planificación Patrimonial
Empresa familiar inmobiliaria: un solo empleado para todo el grupo

El problema que nadie quería resolver
Durante años, Hacienda aplicó una regla simple y muy costosa: cada sociedad de alquiler del grupo familiar debía tener su propio empleado. En su propia nómina. Sin excepciones.
No importaba que existiera un equipo centralizado gestionando todos los inmuebles desde la holding. No importaba que la estructura tuviera sentido económico. Si la filial arrendadora no tenía un contrato laboral a su nombre, sus participaciones no estaban exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio y perdías la reducción del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El resultado era absurdo: familias empresarias obligadas a mantener nóminas artificiales en cada filial, solo para cumplir un formalismo que ignoraba por completo cómo funciona un grupo real.
El Tribunal Supremo acaba de decir que eso se acabó.
¿Por qué existía este requisito?
El artículo 27.2 de la Ley del IRPF establece que el arrendamiento de inmuebles solo se considera "actividad económica" cuando existe, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa dedicada a su gestión.
Sin actividad económica, las participaciones en esa sociedad son "patrimonio pasivo". Y el patrimonio pasivo no accede a los beneficios fiscales de la empresa familiar.
La norma en sí tiene lógica: distingue entre quien gestiona activamente su patrimonio inmobiliario y quien simplemente cobra rentas. El problema era la interpretación de Hacienda, que exigía que ese empleado figurase en la nómina de cada sociedad arrendadora concreta, individualmente considerada.
Para un grupo con tres o cuatro filiales inmobiliarias, eso significaba tres o cuatro nóminas paralelas. Un coste artificial que no respondía a ninguna realidad empresarial.
Lo que cambia con las sentencias de 2025 y 2026
Julio de 2025: el primer paso
La STS 956/2025, de 14 de julio, resuelve una primera cuestión. Hacienda venía denegando el beneficio fiscal argumentando que el empleado no tenía "suficiente carga de trabajo" para justificar económicamente su contratación.
El Supremo lo corta de raíz: basta acreditar que el contrato laboral existe y es real. La Inspección no puede entrar a valorar si el empleado es o no rentable para la empresa. Ese juicio no le corresponde.
Era una victoria importante. Pero quedaba pendiente la pregunta clave para los grupos: ¿ese empleado tiene que estar en la nómina de la sociedad arrendadora, o puede estar en otra entidad del grupo?
Febrero de 2026: el giro definitivo
Las STS 167/2026 y 186/2026, dictadas con dos días de diferencia, responden esa pregunta con claridad.
El Tribunal Supremo fija doctrina: cuando una sociedad arrendadora forma parte de un grupo con actividad económica real, el requisito del empleado puede entenderse cumplido aunque ese trabajador esté contratado por otra entidad del grupo. La holding, una filial de servicios, cualquier otra sociedad.
El razonamiento es el que debía haberse aplicado desde el principio. El Supremo rechaza la lectura "puramente formalista y aislada" del art. 27.2 LIRPF. Utiliza el concepto de grupo del Código de Comercio y del art. 5.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para evaluar la realidad económica del conjunto, no de cada pieza por separado.
¿Qué significa "integración funcional real"?
Aquí está el matiz que no conviene ignorar. El Supremo no abre la puerta a cualquier estructura. La doctrina tiene un requisito claro: la sociedad arrendadora debe estar integrada de verdad en la actividad del grupo, no ser un cascarón formal con participación nominal.
Las sentencias utilizan como referencia el caso Microbell S.L. Una sociedad que arrendaba fincas rústicas cuya explotación estaba coordinada con otras entidades del grupo: semillas, agua, técnicos, medios materiales. El arrendamiento era una pieza de un engranaje productivo. No una actividad aislada.
Ese es el estándar. La sociedad inmobiliaria debe cumplir una función económica real dentro del grupo. No basta con pertenecer a él en papel.
El impacto fiscal concreto
El efecto práctico se concentra en dos impuestos. Para el Impuesto sobre el Patrimonio, la base legal es el art. 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, que exige que la actividad principal no sea la gestión de un patrimonio inmobiliario pasivo, y remite al concepto de actividad económica del IRPF. Para el ISD, la reducción del 95% la regula el art. 20.6 de la Ley 29/1987, con el mismo estándar como condición de acceso.
| Impuesto | Criterio anterior de Hacienda | Tras STS 167/2026 y 186/2026 |
|---|---|---|
| IP · Impuesto sobre el Patrimonio | Sin empleado propio → participaciones no exentas → tributación por valor real | Empleado en cualquier entidad del grupo → exención aplicable con integración real |
| ISD · Sucesiones y Donaciones | Sin actividad económica → sin reducción del 95% → herencia o donación gravada sobre el valor total | Actividad acreditada a nivel de grupo → reducción del 95% del art. 20.6 LISD aplicable |
| Estructura operativa | Nóminas artificiales obligatorias en cada filial | Centralización legítima del equipo en la holding o filial de servicios |
¿Ha asumido Hacienda este cambio?
Sí, formalmente. La Resolución del TEAC de 20 de marzo de 2026 ha declarado un "cambio de criterio" expreso y ha asumido la doctrina del Supremo. Los órganos de gestión de la AEAT están vinculados por ella.
Pero hay un aviso importante. Tanto el TEAC como el propio Supremo dejan claro que la Administración seguirá siendo exigente en la valoración de la integración funcional. El debate ya no será si el empleado tiene suficiente carga de trabajo. Será si la integración del grupo es genuina o puramente formal.
Cambia el campo de batalla. No desaparece.
Qué debes hacer ahora
El cambio doctrinal abre una oportunidad real. Pero aprovecharla exige que la estructura pueda sostenerse ante una inspección. Estas son las prioridades:
- Auditar la estructura. Saber qué entidades actúan como arrendadoras, dónde están los empleados y si existe coordinación real documentada entre ellas.
- Implementar contratos de servicios intragrupo. El acuerdo entre la entidad empleadora y las sociedades arrendadoras, con retribución a precio de mercado, es el documento central. Sin él, la integración funcional es muy difícil de defender.
- Registrar la actividad real. Actas, informes de gestión, comunicaciones internas. Todo lo que demuestre que el empleado centralizado trabaja efectivamente para las sociedades arrendadoras.
- Revisar el protocolo familiar. En estructuras de sucesión, verificar que las disposiciones sobre transmisión de participaciones estén alineadas con la nueva doctrina.
- No esperar al momento de la transmisión. El requisito se evalúa en la fecha del devengo del impuesto. Si la estructura no está ordenada en ese momento, el beneficio se pierde. Sin posibilidad de subsanación.
Preguntas frecuentes
¿Tu estructura está preparada para una inspección?
El cambio doctrinal es una oportunidad real — pero solo si la integración funcional está documentada antes de que Hacienda llame. Reviso tu grupo familiar y te digo exactamente qué cumples, qué te falta y qué necesitas para defender tu posición. No esperes a la transmisión.
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Fuentes consultadas
- STS 167/2026, de 17 de febrero — Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda (rec. 1196/2024)
- STS 186/2026, de 19 de febrero — Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda (rec. 1326/2024)
- STS 956/2025, de 14 de julio — ECLI:ES:TS:2025:3472 (rec. 2197/2023)
- Resolución TEAC de 20 de marzo de 2026, RG 00/06015/2024 — cambio de criterio
- Consulta DGT V1184-25, de 1 de julio de 2025
- Art. 27.2 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF
- Art. 4.Ocho.Dos Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio
- Art. 20.6 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del ISD
- Art. 5.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Última revisión: junio 2026