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El fraude ya es el 83% de todo el ciberdelito que persigue la Fiscalía

El fraude y la estafa online representan ya más del 83% de todos los ciberdelitos que investiga el Ministerio Fiscal, una proporción que sube cada año desde 2020. Y las investigaciones policiales por ciberfraude se han multiplicado por seis desde 2016, según el propio Ministerio del Interior.
Lo que dice la Memoria de la Fiscalía de 2024
Cada año, con la apertura del año judicial, la Fiscalía General del Estado presenta su Memoria anual, con datos de toda la actividad del Ministerio Fiscal del año anterior. En 2024 se iniciaron 27.104 procedimientos judiciales y 443 diligencias de investigación propias por ciberdelincuencia, un total de 27.547 expedientes. Supone un incremento del 14,86% respecto a 2023, cuando se registraron 23.984.
| Año | Expedientes por ciberdelincuencia | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 23.984 (23.486 procedimientos + 498 diligencias) | -4,6% en procedimientos judiciales |
| 2024 | 27.547 (27.104 procedimientos + 443 diligencias) | +14,86% |
Un apunte de metodología, porque es justo lo interesante de esta serie: en 2023 la propia Fiscalía registró un descenso, el primero desde 2016, y lo atribuyó explícitamente a carencias en sus aplicaciones informáticas de registro, no a una caída real del delito. El Ministerio del Interior, ese mismo año, medía todo lo contrario: un aumento del 25,5% en investigaciones policiales de cibercriminalidad. Esa discordancia de un año se ha corregido en 2024, con ambos organismos coincidiendo de nuevo al alza. Sirve como aviso: una única fotografía estadística puede engañar, incluso viniendo de una fuente oficial.
El dato que sostiene el titular: el fraude ya es la inmensa mayoría
Dentro del total de ciberdelincuencia, la proporción correspondiente a fraude y estafa online no ha dejado de crecer cada año desde 2020: 72,43% en 2020, 75,5% en 2021, 81,68% en 2022, 82,87% en 2023, y superior al 83% en 2024. No es un pico puntual, es una tendencia sostenida de cinco años consecutivos.
Y hay un segundo dato, del Ministerio del Interior, que confirma la misma dirección desde otro ángulo: entre 2016 y 2024, las investigaciones policiales por ciberfraude y ciberestafa se han incrementado un 490,1%. Es equivalente a decir que lo que antes era un problema periférico dentro de la ciberdelincuencia se ha convertido en su núcleo casi absoluto. La ciberdelincuencia en España, entendida en la práctica, es sobre todo fraude económico.
Doctrina técnica: la Consulta 1/2024 sobre medios de pago distintos del efectivo
La LO 14/2022 reformó el Código Penal para eliminar la mayoría de los antiguos "delitos leves" (antes llamados faltas), integrándolos en los delitos ordinarios correspondientes; el objetivo declarado de la reforma era descargar juzgados de asuntos menores sin que eso implicara impunidad para las conductas de menor cuantía. Ese cambio dejó una duda práctica inmediata en el fraude con tarjetas: si ya no existe el delito leve específico, ¿cómo se califican los fraudes de importe pequeño? La Fiscalía General del Estado resolvió esa duda con la Consulta 1/2024, de 21 de marzo, sobre la utilización fraudulenta de instrumentos de pago distintos del efectivo (tarjetas, principalmente), fijando criterio unificado para toda la carrera fiscal. Dos puntos con aplicación práctica directa:
- Por debajo de 400 euros de perjuicio, la calificación pasa al marco penológico general del art. 249.1 CP (prisión de seis meses a tres años), no a una falta menor como antes de la reforma.
- Cuando junto a la tarjeta sustraída se roban además otros bienes con valor económico propio, la Fiscalía fija que hay concurso ideal de delitos con el hurto o el robo, no una absorción de uno por el otro.
Esta consulta no determina directamente el resultado de una reclamación civil contra el banco, pero sí influye en cómo se instruye y califica el caso penal en paralelo, y es la referencia técnica que cualquier profesional que lleve estos asuntos debería tener presente al valorar la doble vía.
Penal y civil: dos vías independientes, no una detrás de otra
Aquí está el matiz que más se malinterpreta. La responsabilidad civil del banco, la que fija la STS 571/2025, no depende de que el estafador sea identificado, juzgado o condenado. El banco responde (o no) según su propia diligencia, no según el resultado del proceso penal contra un tercero al que, en la mayoría de los ciberfraudes con estructura internacional, nunca se llega a identificar. Esperar a una condena penal antes de reclamar al banco no es prudencia, es una demora que puede consumir el plazo de 13 meses para la vía extrajudicial sin necesidad.
La denuncia penal sigue siendo imprescindible, no para condicionar la reclamación civil, sino porque acredita fecha, hechos y diligencia del perjudicado, exactamente el tipo de prueba que refuerza la posición frente al banco en la vía civil, tal como ya se explicó en el análisis de los primeros pasos tras un fraude.
Lo que deja claro este cruce de datos
Tres memorias oficiales distintas, cruzadas entre sí, cuentan la misma historia desde ángulos distintos: el fraude ya no es un subconjunto del ciberdelito en España, es su forma dominante, y la respuesta institucional (tanto penal como civil) sigue construyéndose caso a caso, sin que exista todavía un mecanismo único y rápido de resolución. La Consulta 1/2024 resuelve la calificación penal de los casos pequeños, la STS 571/2025 resuelve la responsabilidad civil de las entidades, y ninguna de las dos exige esperar a la otra. Lo que queda por ver es si la próxima Memoria de la Fiscalía confirma que el 83% sigue subiendo, o si es el techo de esta escalada; ese es el dato a vigilar en la próxima edición de este análisis.
Preguntas frecuentes
¿Hace falta esperar a que condenen al estafador para reclamar al banco?
No. La responsabilidad civil del banco es independiente del proceso penal contra el autor del fraude. Puede reclamarse al banco aunque el estafador nunca llegue a identificarse, algo habitual en fraudes con estructura internacional.
¿Por qué la Fiscalía registró menos ciberdelitos en 2023 si el fraude estaba aumentando?
La propia Fiscalía lo atribuyó a carencias en sus aplicaciones informáticas de registro, no a una caída real. Los datos del Ministerio del Interior de ese mismo año mostraban un aumento del 25,5%, y la Memoria de 2024 confirma la corrección: los expedientes por ciberdelincuencia subieron un 14,86%.
¿Qué porcentaje de la ciberdelincuencia en España es fraude o estafa?
Más del 83% en 2024, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, una proporción que ha subido cada año desde el 72,43% de 2020. El fraude económico es, con diferencia, la manifestación dominante del ciberdelito perseguido en España.
¿Sigue existiendo el delito leve de estafa informática por importes pequeños?
No, se eliminó con la reforma del Código Penal por la LO 14/2022. Según la Consulta 1/2024 de la Fiscalía, incluso los fraudes de menos de 400 euros se califican ahora dentro del marco general del art. 249.1 CP, con pena de prisión de seis meses a tres años.
¿Sirve de algo poner denuncia penal si el estafador probablemente no será identificado?
Sí. Aunque la identificación del autor sea poco probable en fraudes con estructura internacional, la denuncia acredita fecha, hechos y diligencia del perjudicado, elementos que refuerzan directamente la reclamación civil contra el banco.
Sobre este análisis
Cruzo cada año los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado con los del Ministerio del Interior y la Memoria de Reclamaciones del Banco de España, desde mi práctica en responsabilidad bancaria. Si eres periodista o investigador y quieres profundizar en algún dato de este artículo, puedes escribirme directamente.
Fuentes consultadas para este artículo:
- Fiscalía General del Estado — Memoria 2025 (datos de 2024), capítulo III.8 "Criminalidad informática" — fiscal.es
- Fiscalía General del Estado — Memoria 2024 (datos de 2023), capítulo III.8 — fiscal.es
- Fiscalía General del Estado — Consulta 1/2024, de 21 de marzo, sobre utilización fraudulenta de instrumentos de pago distintos del efectivo
- Ministerio del Interior — Balance de Criminalidad 2024 (investigaciones policiales por ciberfraude 2016-2024)
- STS 571/2025, Sala 1ª Civil, 9 de abril de 2025 — ECLI:ES:TS:2025:1671, Cendoj: 28079110012025100563
- Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre (reforma del Código Penal, arts. 249.1.a y 249.1.b)
Última revisión: julio 2026. Este artículo se actualizará cada año con la nueva Memoria de la Fiscalía General del Estado.