Segunda Oportunidad
Deudas con Hacienda y Segunda Oportunidad: qué puedes cancelar ahora y qué no

El problema que tenía mucha gente bloqueada
Hasta hace poco, el escenario más habitual era este: un autónomo con deudas con la AEAT, con la Seguridad Social, y quizá también con bancos y proveedores. Pedía información sobre la Segunda Oportunidad y recibía la misma respuesta en casi todos sitios: "las deudas con Hacienda no se cancelan".
Eso no era del todo mentira. Pero tampoco era toda la verdad.
El 18 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo dictó seis sentencias que, por primera vez, construyen una doctrina completa sobre qué ocurre exactamente con las deudas públicas en la Ley de Segunda Oportunidad. El resultado es más matizado de lo que circula por ahí. Y para muchos deudores, es mejor de lo que esperaban.
¿Qué dice la ley antes de las sentencias?
El artículo 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) establece un límite claro: las deudas con Administraciones públicas no se exoneran por encima de 10.000 euros por acreedor. El principal de la deuda tributaria o de Seguridad Social, si supera esa cifra, sobrevive al procedimiento.
Esa norma la confirma el Supremo. No la deroga ni la flexibiliza. El límite existe y seguirá existiendo.
Lo que las sentencias sí cambian —y de forma significativa— es cómo se aplica ese límite, y en qué casos no aplica en absoluto.
Las cuatro claves de la doctrina de febrero de 2026
Primera clave: los intereses, recargos y sanciones sí se cancelan
Aquí está la novedad más importante para la mayoría de deudores.
En el proceso concursal, los créditos se clasifican en privilegiados, ordinarios y subordinados. Los créditos subordinados son los que cobran en último lugar. El Supremo establece que el límite de los 10.000 euros solo afecta al crédito público privilegiado y ordinario. Los créditos públicos subordinados quedan completamente exonerados, sin límite.
¿Y qué son créditos públicos subordinados? Principalmente: intereses de demora, recargos de apremio, recargos por extemporaneidad y sanciones tributarias. Exactamente lo que más engorda una deuda con Hacienda cuando se deja crecer durante años.
| Tipo de crédito público | Ejemplos concretos | ¿Se cancela? |
|---|---|---|
| Subordinado | Intereses de demora, recargos de apremio, recargos por extemporaneidad, sanciones tributarias | Sí — cancelación total, sin límite |
| Privilegiado u ordinario | Principal de la deuda con AEAT, cuotas de autónomo a la TGSS | Parcialmente — hasta 10.000 € por acreedor |
Segunda clave: el límite de 10.000 € es independiente por cada acreedor público
La STS 260/2026 introduce una novedad relevante que no estaba clara antes: el límite de 10.000 euros opera de forma independiente para cada acreedor público. Puedes exonerar hasta 10.000 euros con la AEAT y otros 10.000 euros con la TGSS — son dos franquicias separadas.
Pero hay más. El Supremo ha interpretado que este régimen de exoneración parcial no se limita a AEAT y TGSS. Se extiende a todos los créditos de Derecho público, incluidos Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas — cada uno con su propio límite independiente de 10.000 euros. Para deudores con obligaciones frente a varias administraciones, esto amplía significativamente el margen de exoneración real.
| Tramo de deuda principal por acreedor | Porcentaje exonerable | Ejemplo (deuda 15.000 €) |
|---|---|---|
| Primeros 5.000 € | 100% | 5.000 € cancelados |
| Entre 5.001 € y 10.000 € | 50% | 2.500 € cancelados |
| Por encima de 10.000 € | 0% — no exonerable | 5.000 € permanecen |
| Total exonerado (sobre 15.000 €) | 7.500 € cancelados |
Tercera clave: la derivación de responsabilidad ya no es un bloqueo automático
Este punto afecta especialmente a administradores de sociedades y autónomos que han recibido una derivación de responsabilidad de Hacienda en los últimos años.
Hasta ahora, el artículo 487.1.2º TRLC establecía que quien tuviera un acuerdo firme de derivación de responsabilidad tributaria no podía acceder a la Segunda Oportunidad. Muchos juzgados lo aplicaban de forma automática: derivación = denegación.
El Supremo corrige esa práctica. La derivación de responsabilidad no excluye automáticamente el acceso a la EPI. El juez debe analizar la causa de esa derivación. Solo si deriva de una conducta fraudulenta equiparable a una infracción muy grave —uso de facturas falsas, ocultación deliberada de datos, impago consciente de retenciones disponiendo de liquidez— procede la exclusión.
Si la derivación tiene otro origen —por ejemplo, responsabilidad solidaria por ser administrador en un período de dificultades sin conducta dolosa— el acceso a la Segunda Oportunidad es posible.
Cuarta clave: la buena fe se endurece, pero se define mejor
Las sentencias 259 a 263/2026 abordan el requisito de buena fe, que es la puerta de entrada a todo el sistema. El Supremo deja claro que la buena fe no se presume: el deudor debe acreditarla.
Pero al mismo tiempo define con más precisión qué la incumple. No basta con haber cometido errores de gestión. La exclusión requiere conducta deshonesta: fraude, negligencia grave, ocultación activa. El deudor que llegó a la insolvencia por mala fortuna empresarial o por una gestión deficiente —sin dolo ni negligencia grave— no pierde el derecho por ese motivo.
Lo que esto significa en la práctica: el sistema es más exigente técnicamente, pero también más justo. Ya no depende tanto del criterio subjetivo de cada juzgado. El Supremo ha fijado un estándar claro: quien actuó de forma honesta tiene derecho a empezar de nuevo, aunque haya acumulado deuda pública. Y quien no actuó de forma honesta, no lo tiene.
¿Qué deudas públicas no se cancelan bajo ningún concepto?
Conviene ser claro en esto para no generar expectativas equivocadas.
- El principal de la deuda con la AEAT o la TGSS que supere 10.000 euros por acreedor no se exonera. Esa parte subsiste tras el procedimiento.
- Las deudas derivadas de conductas fraudulentas acreditadas tampoco se cancelan.
- Las obligaciones de alimentos tampoco son exonerables.
- Las multas y sanciones penales quedan fuera de la exoneración.
Preguntas frecuentes
Consulta inicial de 30 minutos: 200 € IVA incluido.
Pago al reservar, con tarjeta (Stripe), en la agenda de Cal.com. Recibes factura. Si no puedo atender tu asunto, te devuelvo el importe. Cómo tratamos tus datos: política de privacidad.
- STS 254/2026, 259/2026, 260/2026, 261/2026, 262/2026 y 263/2026 — todas de 18 de febrero de 2026, Sala Primera del Tribunal Supremo
- STJUE de 7 de noviembre de 2024 — asuntos acumulados Corván y Bacigán (C-289/23 y C-305/23)
- Art. 486 y ss. TRLC — Exoneración del Pasivo Insatisfecho (RDL 1/2020)
- Art. 487.1.2º TRLC — exclusión por derivación de responsabilidad
- Art. 489.1.5º TRLC — límite exoneración crédito público
- Ley 16/2022, de 5 de septiembre — reforma del TRLC (BOE-A-2022-14580)
- Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo
Última revisión: julio 2026